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Los Thyssen, legítimos dueños del cuadro de Pissarro expoliado por los nazis

El Tribunal de los Estados Unidos se ha pronunciado a favor de los Thyssen concluyendo que el cuadro les pertenece
Los Thyssen son los legítimos herederos del cuadro de Pissarro | La Coctelera

 

En medio de la polémica que envuelve a la familia Thyssen con la Agencia Tributaria después de que Borja y su mujer fueran condenados a tres años de cárcel y el pago de una multa por haber cometido irregularidades con Hacienda, ahora les llega una alegría desde los Estados Unidos una vez que se ha resuelto el caso sobre el cuadro robado por los nazis.

La Fundación Thyssen, heredera del cuadro de Pissaro

Tras el juicio celebrado el pasado mes de diciembre en Los Ángeles, el tribunal americano ha emitido su sentencia y ha desestimado la demanda de los herederos de Lilly Cassirer, la mujer a la que pertenecía la obra. Finalmente, ha dictaminado que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza es la legítima propietaria del cuadro 'Rue Saint Honoré, efecto de lluvia', de Camille Pissarro, supuestamente expoliado por los nazis.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se ha mostrado muy satisfecho con la resolución del tribunal americano y así lo ha expresado Evelio Acevedo, director gerente del centro: «Estamos muy satisfechos de que, una vez más, se haya producido un fallo favorable a la Fundación, después de un juicio en el que se ha reconocido el trabajo realizado (...) en la investigación histórica de todo el proceso de adquisición del cuadro por parte del barón Thyssen-Bornemisza y, posteriormente, por el Estado español».

Además Acevedo destaca: «El juez ha tenido en consideración todo ello, así como el hecho de que la familia Cassirer hubiera sido ya compensada por el Gobierno alemán en 1956».

 

El cuadro de Pissarro, expoliado por los nazis

En medio de una Alemania nazi donde la gente debía huir, la familia Cassirer —propietaria original de la obra 'Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia' del pintor francés Camille Pissarro hasta 1939—  se vio forzada a entregarla a los nazis por un insignificante precio y poder conseguir un salvoconducto para salir de Alemania, evadiendo así ser asesinada en los campos de concentración.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el cuadro estuvo viajando por diversas manos hasta que, finalmente, fue adquirido en 1976 por el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y en 1993 por el Gobierno español como parte de la compra de su colección privada llegando a formar parte del museo.

En el año 2000, la familia Cassirer descubrió que la pintura de Pissarro se encontraba en el Museo Thyssen y comenzó el procedimiento judicial con el objetivo de recuperarlo y David Cassirer —heredero de Lilly Cassirer— presentó una demanda ante el juez del Distrito Federal de Pasadena (California, Estados Unidos).

La Baronesa posa junto al cuadro de Pissarro en el Caixa Fórum de Barcelona | La Coctelera

 

La familia Cassirer argumentó en su pleito, formulado por primera vez en el 2005, que el barón sabía de antemano que la obra de Camille Pissarro había sido robada, por ello el juez dictaminó que se entrase a valorar si, cuando se compró el cuadro en 1993, Thyssen sabía o debería haber sabido que el mismo procedía del expolio nazi.

Finalmente, el magistrado John F. Walker ha dictaminado que, aunque el barón no actuó «de buena fe» al comprar el cuadro, ya que no averiguó su origen y lo que pasó con él mientras tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, concluye que tanto el Gobierno español como la fundación pública Thyssen-Bornemisza, que gestiona el museo, sí lo hicieron cuando adquirió toda la colección años después. El juez dictamina que bajo la legislación española, al no considerar a Thyssen como «encubridor» de una compra de mala fe, este posee legítimamente el cuadro.

Aunque los Principios de Washington sobre arte confiscado, suscritos por España en 1988 y la Declaración de Terezín suscrita en 2009, existe el deber «moral» de devolver el cuadro a los Cassirer, el juez reconoce que «el tribunal no tiene otra alternativa que aplicar la legislación española y no puede forzar a España o a la fundación a cumplir con sus compromisos morales».

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